El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció una acción de amparo contra las obras realizadas en el arroyo Ayuí Grande, Corrientes. “Nunca han aportado la información adecuada de la obra””, señaló. Sostuvo que es función del Estado “”evitar el daño ambiental y un posible conflicto internacional””.
“
BUENOS AIRES.-El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández anunció esta tarde que se interpondrá una acción de amparo contra la provincia de Corrientes, solicitando el cese de las obras en el arroyo Ayuí Grande: “Nunca han aportado la información adecuada de la obra”, señaló el funcionario.
“Es nuestra función velar por los presupuestos mínimos de preservación nacional y de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, sostuvo en conferencia de prensa Aníbal Fernández, quien afirmó que “el Estado solicitó los antecedentes a la provincia y la información del proyecto en cuestión en reiteradas oportunidades”.
El funcionario señaló que la decisión fue tomada para “evitar el daño ambiental irreversible que acarrea la construcción de la represa, y por la necesidad de garantizar los deberes de la Argentina por el Estatuto del Río Uruguay”.
“Pretendemos que la justicia dictamine el cese de la obra y que se provea la información para poder garantizar que estemos dentro del marco establecido en el propio estatuto”.
Consultado en rueda de prensa sobre la supuesta participación de uno de los directivos de Grupo Clarín en la construcción de la represa, que implica la inundación de 8 mil hectáreas, Fernández respondió: “No me guío por conjeturas. Las dos razones son claras, una por un tema ambiental severo y otra por un posible problema internacional”.
Fernández anunció que el Gobierno interpondrá un recurso de amparo contra la provincia de Corrientes por la represa que autorizaron construir sobre el arroyo Ayuí Grande. Pidió a la Corte Suprema de Justicia que se aplique la medida de “no innovar” para frenar el inicio de las obras, y la presentación de los informes de impacto ambiental por parte del gobierno provincial.
“Es nuestra función velar por los presupuestos mínimos de preservación nacional y de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, sostuvo Aníbal, quien afirmó que “el Estado solicitó los antecedentes a la provincia y la información del proyecto en cuestión, en reiteradas oportunidades”.
Argumentó que “la construcción de una represa y el inundar 8.000 hectáreas para la producción de arroz en la provincia de Corrientes puede tener un gravísimo impacto ambiental y compete al gobierno nacional por ser un afluente del río Uruguay, fuente hídrica que regula un tratado internacional”.
La secuencia
Explicó que el Gobierno solicitó en tres oportunidades los estudios de factibilidad y los análisis de impacto ambiental de esas obras a la provincia.
El primer pedido de informe lo realizó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable el 3 de septiembre de 2008. En las siguientes dos oportunidades los datos fueron solicitados por la Cancillería, primero el 17 de febrero de este año y luego el 18 de agosto pasado.
En esa última oportunidad, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, realizó una conferencia de prensa en la que alertó sobre el posible impacto en las relaciones bilaterales con Uruguay.
“Nunca aportaron la información adecuada de la obra para poder ejercer la responsabilidad que tiene constitucionalmente el Gobierno Federal sobre la protección del medio ambiente, y además, para poder cumplir con las obligaciones internacionales”, enfatizó el Jefe de Gabinete.
Explicó que, si se avanza en la construcción de la represa, “se puede producir un gran daño ambiental y generar una gran pérdida biológica”, pero que se podría también incurrir en una violación del Tratado del Río Uruguay.
“Ese tratado internacional es de público conocimiento, porque hace tan sólo meses la presidenta Cristina Fernández y su par del Uruguay, José Mujica, alcanzaron un acuerdo por el conflicto que se había desatado por la construcción de manera inconsulta de la planta ex Botnia”, actual UPM, señaló.
Se refirió al acuerdo que firmaron los jefes de Estado luego de cuatro años de conflicto y de un fallo a favor de la Argentina de la Corte Internacional de la Haya.
“Por eso es que se presentó el recurso de amparo, para frenar cualquier tipo de obra que pueda estar en ejecución” y que el Gobierno correntino pueda haber autorizado sin enviar previamente la información necesaria al Gobierno Nacional, explicó Aníbal Fernández.
La presentación ante la Corte Suprema se ampara en la Ley General del Ambiente (25.675) y en la Ley de Protección de los Bosques Nativos (26.331).
Consultado sobre la posible vinculación de un directivo del diario Clarín en la construcción de esta represa, el funcionario negó tener datos certeros. “Lo que sé, lo sé por chusmeríos, no por datos fehacientes. Así que no puedo decir nada al respecto”, expresó.
“No me guío por conjeturas. Las dos razones son claras, una por un tema ambiental severo y otra por un posible problema internacional con el Uruguay”, finalizó el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
